LA CONSTITUCIÓN
La Constitución como fuente del DERECHO Administrativo La
Constitución es la fuente formal por excelencia del DERECHO Administrativo, en
virtud de su supremacía y de la máxima jerarquía de su contexto normativo en la
conformación del orden jurídico.
LA LEY
La ley es una derivación inmediata de la constitución,
ejecuta los principios y normas constitucionales y está en el segundo grado en
la integración jerárquica del orden jurídico. La ley es fuente formal directa
del Derecho Administrativo, por cuanto constituye el fundamento legal
de los
actos administrativos. Véase: 137 CRBV.
LOS TRATADOS INTERNACIONALES
Es todo acuerdo o declaración solemne suscrita entre varios
estados o sujetos de derecho Internacional, concerniente a asuntos políticos,
económicos culturales. Son acuerdos o declaraciones solemnes suscritas entre
varios Estados o Sujetos de Derecho Internacional, concernientes a asuntos
políticos, económicos, culturales, de asociación, de cortesía diplomática,
científicos o de interés para todas las partes, que se obligan a respetar como
verdadero Derecho Positivo. Los tratados internacionales que celebre el
ejecutivo nacional deben ser aprobados mediante ley para que tengan validez, y
se aplican con preferencia en relación con las normas generales que constituyen
su especialidad.
LOS REGLAMENTOS.
Son declaraciones escritas y unilaterales emanadas de las
autoridades administrativas, creadoras de reglas de Derecho de grado inferior a
las leyes”. Los reglamentos pueden ser derogados en cualquier instante, por la
autoridad administrativa de la cual emana y, reformadas total o parcialmente;
pero, mientras estén en vigor son obligatorias para los propios órganos que las
han dictado.
En sentido general, son un conjunto ordenado de reglas o
preceptos que, por autoridad competente, se dicta para la ejecución de una ley
o para el régimen de una corporación, de una dependencia o de un
servicio.
Véase. Art. 236 CRBV., Num. 10, 24
LAS RESOLUCIONES.
Son
decisiones adoptadas por los ministros por disposición del Presidente de la
República o por disposición especifica de la ley; deben ser suscritas por el
ministro respectivo. Véase Art. 16 LOPA.
INSTRUCCIONES
INTERNAS O DE SERVICIOS.
Son las instrucciones libradas por los superiores jerárquicos,
principalmente los ministros, con el objeto de orientar la actividad de los
funcionarios bajo su dependencia.
LOS
INSTRUCTIVOS PRESIDENCIALES.
Son documentos emanados del Presidente de la República, firmado
por él y no refrendados por Ministro alguno, dirigidos a los órganos de la
administración. Son instrucciones de servicio y tienen su fundamento en el deber
de obediencia que tienen los funcionarios con relación a sus superiores
jerárquicos; por lo que deben ser considerados con fuerza jurídica, limitada al
campo de la administración activa. No son vinculantes ni para los administrados
ni para los órganos del Estado dotados de autonomía funcional, tales como: la
Contraloría General, la Fiscalía General y el Consejo Nacional Electoral.
LA
COSTUMBRE.
Es una fuente del Derecho, generada por la repetición constante y
reiterada de un mismo modo de obrar, observada con la convicción de que es
jurídicamente obligatoria; tiene un valor relativo de acuerdo a la disciplina
de que se trate. Es acogida por el Derecho Civil y Mercantil, pero descartada
totalmente por el Derecho Penal.
LA JURISPRUDENCIA
Es la
fuente indirecta en el derecho administrativo en Venezuela. La Jurisprudencia
que emana del TSJ y en su sala político administrativo se ha convertido en
elementos claves de la interpretación de las leyes. Si una sentencia crea una
norma para la solución de un caso concreto, es entonces, cuando se establece la
jurisprudencia
LA DOCTRINA.
La
doctrina en lo que compete al Derecho Administrativo es un hecho reconocido en
nuestro país, y la misma es aplicable cuando existen decisiones controversiales
relacionadas con la administración pública y en todo aquello que no pueda ser
resuelto mediante la aplicación directa de las normas escritas, por no existir
estas o por no ser aplicadas las existentes a las necesidades de la
administración, la misma toma las opiniones de los mejores jurisconsultos en la
materia en cuestión.
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